lunes, 8 de mayo de 2017

La Corrupción, cáncer social



Raíces muy profundas tiene la corrupción en nuestro país. Ya desde la época de la Colonia, matriz de nuestra nacionalidad, los españoles desbordaron barreras éticas y morales para embadurnarse con fruición morbosa en el “estiércol del demonio”: esclavizaron pueblos libres, legitimados con la autorización del representante de Dios en la tierra, el lascivo y mundano Papa Alejandro VI; secuestraron indígenas para pedir rescate y una vez obtenido el botín asesinaban a la víctima como pasó con Atahualpa, vendían títulos nobiliarios  acreditando la limpieza de sangre y falso abolengo de oscuros  trepadores sociales, quienes en su país de origen comían las bellotas con las cuales alimentaban a sus cerdos. 

La Independencia no trajo un cambio en el respeto por los valores y el patrimonio público; en el siglo XIX, el dudoso manejo de los préstamos ingleses al país generó grandes polémicas y mutuas recriminaciones entre nuestros sacralizados próceres; algunos atribuyen la feroz rivalidad entre Bolívar y Santander a la irónica frase pronunciada por El Libertador, después de un juego de cartas con “El Hombre de las Leyes” :”por fin me tocó algo del empréstito con los ingleses”, dijo con ironía y desde entonces el país se dividió en dos bandos distanciados ideológicamente que arrastraron a los granadinos a sangrientas guerras civiles. 

Caricatura de Rendón en 1928, referente al asalto de los intereses del país a los recursos naturales (el niño negro representa el petróleo ), el Tío Sam se presenta con sus empréstitos que evidentemente enajenaron la soberanía nacional y eran gastados como USA determinara.


El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones: para aminorar la violencia generada por liberales y conservadores, se instauró el Frente Nacional; esta institución repartió, como un inicuo botín pirata a partir de 1958 y durante diez y seis años, todos  los cargos públicos por partes iguales entre las dos colectividades políticas, incluyendo la justicia las corporaciones de elección popular y los organismos de control. Este espurio ayuntamiento logró la cohabitación de “godos” y “cachiporros” en un cómodo maridaje que trajo complicidad e impunidad en el doloso manejo de los recursos oficiales.

 Como no hay nada tan malo que no pueda empeorar, en 1968, el presidente de la época estableció los llamados auxilios parlamentarios;  retribuía así generosamente al congreso por  haber aprobado algunas reformas a la Constitución solicitadas por el mandatario. Los referidos auxilios eran cuantiosos recursos asignados a senadores y Representantes, con potestad de administrarlos como si fueran plata de bolsillo a través, no pocas veces, de fundaciones fantasmas, por donde se desangraban los dineros que debían atenuar las desigualdades sociales y el drama de nuestro pueblo.


Ayer como hoy el endeudamiento externo limita el ejercicio de la Soberanía y el país queda condicionado a los intereses foráneos que imponen lesivas condiciones para la economía nacional.


En 1991 el país recibió alborozado la expedición de una nueva Constitución; La Carta Magna “abolió” los auxilios parlamentarios; con la Tutela y otros reformas surgió la esperanza de un  nuevo amanecer donde los bolsillos de los administradores y líderes políticos “serían de cristal”, pero el tiempo demostró lo contrario; acordes con la estrategia de la sociedad moderna de desfigurar la realidad a través del lenguaje, los auxilios parlamentarios se transmutaron en el presupuesto de la nación con el nombre técnico de “cupos o cuotas de participación”, legitimados por los estadistas  como un instrumento de “gobernabilidad” y el pueblo, que no es  bobo e intuye lo que hay detrás de la aparente fachada, tapándose la nariz, llama “mermelada”.



Si el agua viene turbia desde la fuente, no puede uno esperar el fin de la corrupción o su “reducción  a las justas proporciones”, como lo preconizan gobernantes o aspirantes a la Primera Magistratura con el anuncio de la expedición de leyes  aumentando penas, maquillando una dolorosa realidad protagonizada por una dirigencia voraz, que le niega a la población el derecho fundamental a la vida y la salud y convirtió la Tutela, tal vez la más esperanzadora institución de nuestra legislación, en letra muerta y menos aún, cuando las nuevas realidades dejan entrever la entrega de la soberanía por parte del país político a las potencias extranjeras a través de empréstitos y compañía multinacionales como Odebrech que apoyaron gobernantes, compraron conciencias y luego pasaron cuenta de cobro; su factura fue cancelada con jugosas concesiones y oprobiosos contratos en detrimento del bienestar de los colombianos y la fe pública.